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 Análisis de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035

RESOLUCION CONJUNTA 1350 DEL 10 DE JULIO DE 2026

Resumen de su contenido – Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035
La Resolución Conjunta 001350 de 2026, del 10 de julio de 2026, adopta en Colombia la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035 (PNISDSDR) y establece instrucciones para su implementación. Es una resolución conjunta de los sectores de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, lo que refleja desde el inicio su carácter intersectorial.
Objetivo principal
El propósito general de la política es avanzar hacia el reconocimiento, garantía efectiva, respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, así como promover una sexualidad plena y saludable. Para lograrlo, propone acciones transectoriales orientadas a disminuir las brechas y barreras que dificultan el ejercicio de estos derechos.
Principales características
Característica Contenido Esencial
Vigencia de la política Diseñada para el período 2026–2035.
Carácter intersectorial y transectorial No se limita al sector salud; articula salud, educación, trabajo, cultura, entidades territoriales, comunidad y otros sectores sociales.
Enfoque de derechos humanos Reconoce los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos.
Enfoque diferencial Considera género, etnia, territorio, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, curso de vida e interseccionalidad.
Enfoque territorial Busca adaptar las acciones a las particularidades sociales, culturales, geográficas y de acceso de cada territorio.
Participación social Promueve la participación de jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y organizaciones sociales, entre otros actores.
Acceso efectivo a servicios Busca reducir barreras administrativas, culturales, territoriales y de otra naturaleza para acceder a salud sexual y reproductiva.
Educación integral para la sexualidad Fortalece su incorporación transversal en instituciones educativas.
Formación del talento humano Establece obligaciones de capacitación continua para quienes intervienen en la atención en salud sexual y reproductiva.
Seguimiento y evaluación Define indicadores, seguimiento periódico y evaluaciones intermedia y final.
Cinco objetivos específicos

La resolución plantea cinco grandes objetivos.

  • Transformar normas sociales y de género, promoviendo relaciones basadas en el respeto y reconociendo la sexualidad como parte central del ser humano durante todo el curso de vida.
  • Fortalecer la gobernanza territorial, las capacidades institucionales y la participación social y comunitaria.
  • Proteger la integridad y garantizar una vida libre de violencias, previniendo prácticas que vulneren los derechos sexuales y reproductivos.
  • Asegurar acceso universal, efectivo, equitativo y oportuno a servicios integrales, continuos y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluso durante emergencias o crisis.
  • Garantizar especialmente estos derechos en poblaciones de especial protección constitucional, incluyendo pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, poblaciones en movilidad y personas con diversidad sexual y de género.
Los cinco ejes estratégicos

La política se organiza alrededor de cinco ejes estratégicos, que constituyen su estructura operativa.

  • Eje 1. Transformación de normas sociales y de género.
Busca modificar estereotipos, creencias, prácticas discriminatorias y relaciones sociales que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
  • Eje 2. Gobernanza, capacidades institucionales y comunitarias.
Pretende fortalecer la coordinación entre Estado, territorios, instituciones y comunidades.
  • Eje 3. Protección, integridad y vida libre de violencias de género, sexuales y reproductivas.
Incluye prevención y atención de las distintas formas de violencia y de prácticas que vulneren estos derechos.
  • Eje 4. Acceso efectivo y atención integral y de calidad en salud sexual y reproductiva durante todo el curso de vida.
  • Eje 5. Garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de sujetos de especial protección constitucional.

Cinco objetivos específicos

La resolución plantea cinco grandes objetivos.

  • Transformar normas sociales y de género, promoviendo relaciones basadas en el respeto y reconociendo la sexualidad como parte central del ser humano durante todo el curso de vida.
  • Fortalecer la gobernanza territorial, las capacidades institucionales y la participación social y comunitaria.
  • Proteger la integridad y garantizar una vida libre de violencias, previniendo prácticas que vulneren los derechos sexuales y reproductivos.
  • Asegurar acceso universal, efectivo, equitativo y oportuno a servicios integrales, continuos y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluso durante emergencias o crisis.
  • Garantizar especialmente estos derechos en poblaciones de especial protección constitucional, incluyendo pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, poblaciones en movilidad y personas con diversidad sexual y de género.
Los cinco ejes estratégicos

La política se organiza alrededor de cinco ejes estratégicos, que constituyen su estructura operativa.

  • Eje 1. Transformación de normas sociales y de género.
Busca modificar estereotipos, creencias, prácticas discriminatorias y relaciones sociales que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
  • Eje 2. Gobernanza, capacidades institucionales y comunitarias.
Pretende fortalecer la coordinación entre Estado, territorios, instituciones y comunidades.
  • Eje 3. Protección, integridad y vida libre de violencias de género, sexuales y reproductivas.
Incluye prevención y atención de las distintas formas de violencia y de prácticas que vulneren estos derechos.
  • Eje 4. Acceso efectivo y atención integral y de calidad en salud sexual y reproductiva durante todo el curso de vida.
  • Eje 5. Garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de sujetos de especial protección constitucional.

Una obligación novedosa para las IPS

El artículo 15 establece que las IPS deben garantizar disponibilidad permanente y acceso oportuno a determinadas tecnologías para atender eventos de salud sexual y reproductiva que requieren atención inmediata, particularmente antes de 72 horas. Esto aplica obligatoriamente en urgencias y hospitalización y, en determinados municipios sin urgencias, también en consulta externa.
Incluye tecnologías para:
• emergencias obstétricas;
• violencia sexual;
• interrupción voluntaria del embarazo;
• profilaxis posexposición para VIH, hepatitis B y otras ITS;
• anticoncepción de emergencia.

La resolución también exige que el talento humano responsable esté capacitado para utilizar estas tecnologías.

Adolescencia y juventud
La norma concede particular importancia a adolescentes y jóvenes. Las IPS deben implementar procesos de mejoramiento continuo de la atención dirigida a esta población y procurar que los servicios sean amigables, confidenciales, accesibles, integrales y oportunos.
Educación integral para la sexualidad
La resolución amplía considerablemente la responsabilidad del sector educativo. Se establece que los contenidos relacionados con sexualidad y derechos sexuales y reproductivos deben incorporarse progresivamente y de manera transversal en: Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas. Se exige además formación docente, participación de estudiantes y familias y construcción de entornos educativos seguros y libres de discriminación. En universidades y programas de formación en salud se promueve la incorporación de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias de género y atención con enfoque diferencial.
Plan de acción y enfoque territorial
El documento incorpora un Plan de Acción que funciona como hoja de ruta para convertir principios y objetivos en actividades concretas. Contiene los cinco ejes y 37 líneas de acción. Una característica relevante es que reconoce expresamente las diferencias territoriales. El plan debe considerar brechas en infraestructura, capacidades institucionales y acceso, particularmente en zonas rurales, territorios PDET y regiones históricamente rezagadas.
Seguimiento y evaluación
La política no queda solamente como declaración programática. Incorpora mecanismos formales de seguimiento y evaluación. La evaluación debe analizar aspectos como: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Se contemplan dos grandes momentos evaluativos: una evaluación intermedia a los cinco años y una evaluación al finalizar el período 2026–2035.

En síntesis

La Resolución 1350 de 2026 puede resumirse como el paso desde una política de salud sexual y reproductiva predominantemente sectorial hacia una política nacional, intersectorial, territorial y basada explícitamente en derechos. Su lógica podría representarse así: Derechos sexuales y reproductivos
↓
Eliminar barreras y desigualdades
↓
Transformación cultural + educación + prevención de violencias + servicios de salud accesibles y de calidad
↓
Articulación Salud–Educación–Trabajo–Cultura–Territorios–Comunidad
↓
Resultados medibles durante 2026–2035 Para una IPS o institución dedicada a Ginecología, Obstetricia y Salud Reproductiva, probablemente los aspectos de mayor impacto práctico son la eliminación de barreras de acceso, formación obligatoria y continua del talento humano, fortalecimiento de anticoncepción y atención materna, atención de violencia sexual e IVE, disponibilidad de tecnologías para eventos urgentes, servicios diferenciados para adolescentes y adopción explícita de enfoques de derechos, género, discapacidad, interculturalidad e interseccionalidad.

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