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Análisis de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035

RESOLUCION CONJUNTA 1350 DEL 10 DE JULIO DE 2026

Resumen de su contenido – Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035
La Resolución Conjunta 001350 de 2026, del 10 de julio de 2026, adopta en Colombia la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035 (PNISDSDR) y establece instrucciones para su implementación. Es una resolución conjunta de los sectores de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, lo que refleja desde el inicio su carácter intersectorial.
Objetivo principal
El propósito general de la política es avanzar hacia el reconocimiento, garantía efectiva, respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, así como promover una sexualidad plena y saludable. Para lograrlo, propone acciones transectoriales orientadas a disminuir las brechas y barreras que dificultan el ejercicio de estos derechos.
Principales características
Característica Contenido Esencial
Vigencia de la política Diseñada para el período 2026–2035.
Carácter intersectorial y transectorial No se limita al sector salud; articula salud, educación, trabajo, cultura, entidades territoriales, comunidad y otros sectores sociales.
Enfoque de derechos humanos Reconoce los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos.
Enfoque diferencial Considera género, etnia, territorio, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, curso de vida e interseccionalidad.
Enfoque territorial Busca adaptar las acciones a las particularidades sociales, culturales, geográficas y de acceso de cada territorio.
Participación social Promueve la participación de jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y organizaciones sociales, entre otros actores.
Acceso efectivo a servicios Busca reducir barreras administrativas, culturales, territoriales y de otra naturaleza para acceder a salud sexual y reproductiva.
Educación integral para la sexualidad Fortalece su incorporación transversal en instituciones educativas.
Formación del talento humano Establece obligaciones de capacitación continua para quienes intervienen en la atención en salud sexual y reproductiva.
Seguimiento y evaluación Define indicadores, seguimiento periódico y evaluaciones intermedia y final.
Cinco objetivos específicos

La resolución plantea cinco grandes objetivos.

  • Transformar normas sociales y de género, promoviendo relaciones basadas en el respeto y reconociendo la sexualidad como parte central del ser humano durante todo el curso de vida.
  • Fortalecer la gobernanza territorial, las capacidades institucionales y la participación social y comunitaria.
  • Proteger la integridad y garantizar una vida libre de violencias, previniendo prácticas que vulneren los derechos sexuales y reproductivos.
  • Asegurar acceso universal, efectivo, equitativo y oportuno a servicios integrales, continuos y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluso durante emergencias o crisis.
  • Garantizar especialmente estos derechos en poblaciones de especial protección constitucional, incluyendo pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, poblaciones en movilidad y personas con diversidad sexual y de género.
Los cinco ejes estratégicos

La política se organiza alrededor de cinco ejes estratégicos, que constituyen su estructura operativa.

  • Eje 1. Transformación de normas sociales y de género.
Busca modificar estereotipos, creencias, prácticas discriminatorias y relaciones sociales que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
  • Eje 2. Gobernanza, capacidades institucionales y comunitarias.
Pretende fortalecer la coordinación entre Estado, territorios, instituciones y comunidades.
  • Eje 3. Protección, integridad y vida libre de violencias de género, sexuales y reproductivas.
Incluye prevención y atención de las distintas formas de violencia y de prácticas que vulneren estos derechos.
  • Eje 4. Acceso efectivo y atención integral y de calidad en salud sexual y reproductiva durante todo el curso de vida.
  • Eje 5. Garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de sujetos de especial protección constitucional.

Enfoques que atraviesan toda la política
Un elemento central es que las intervenciones no deben diseñarse de manera uniforme para toda la población. La resolución establece ocho enfoques: Derechos humanos · Transectorialidad · Territorialidad · Género · Étnico-cultural · Curso de vida · Discapacidad · Interseccionalidad. Esto significa, por ejemplo, que una intervención de anticoncepción, salud materna, prevención de ITS o educación sexual debería adaptarse según edad, territorio, pertenencia étnica, condiciones de discapacidad, género y otras condiciones que puedan generar barreras.
Implicaciones especialmente importantes para el sector salud
Para las instituciones y profesionales sanitarios, la resolución tiene consecuencias prácticas importantes. Los prestadores deben implementar acciones de salud sexual y reproductiva con calidad, oportunidad e integralidad, fortalecer las rutas de atención y aplicar enfoques diferenciales. Además, exige fortalecer continuamente las competencias del talento humano mediante formación y actualización basada en derechos humanos, género, discapacidad, interseccionalidad e interculturalidad, utilizando la mejor evidencia científica disponible. Entre los servicios expresamente mencionados aparecen: anticoncepción, salud materna, interrupción voluntaria del embarazo, prevención y atención de VIH e ITS, salud menstrual y atención de las violencias sexuales.
Cinco objetivos específicos

La resolución plantea cinco grandes objetivos.

  • Transformar normas sociales y de género, promoviendo relaciones basadas en el respeto y reconociendo la sexualidad como parte central del ser humano durante todo el curso de vida.
  • Fortalecer la gobernanza territorial, las capacidades institucionales y la participación social y comunitaria.
  • Proteger la integridad y garantizar una vida libre de violencias, previniendo prácticas que vulneren los derechos sexuales y reproductivos.
  • Asegurar acceso universal, efectivo, equitativo y oportuno a servicios integrales, continuos y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluso durante emergencias o crisis.
  • Garantizar especialmente estos derechos en poblaciones de especial protección constitucional, incluyendo pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, poblaciones en movilidad y personas con diversidad sexual y de género.
Los cinco ejes estratégicos

La política se organiza alrededor de cinco ejes estratégicos, que constituyen su estructura operativa.

  • Eje 1. Transformación de normas sociales y de género.
Busca modificar estereotipos, creencias, prácticas discriminatorias y relaciones sociales que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
  • Eje 2. Gobernanza, capacidades institucionales y comunitarias.
Pretende fortalecer la coordinación entre Estado, territorios, instituciones y comunidades.
  • Eje 3. Protección, integridad y vida libre de violencias de género, sexuales y reproductivas.
Incluye prevención y atención de las distintas formas de violencia y de prácticas que vulneren estos derechos.
  • Eje 4. Acceso efectivo y atención integral y de calidad en salud sexual y reproductiva durante todo el curso de vida.
  • Eje 5. Garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de sujetos de especial protección constitucional.

Una obligación novedosa para las IPS

El artículo 15 establece que las IPS deben garantizar disponibilidad permanente y acceso oportuno a determinadas tecnologías para atender eventos de salud sexual y reproductiva que requieren atención inmediata, particularmente antes de 72 horas. Esto aplica obligatoriamente en urgencias y hospitalización y, en determinados municipios sin urgencias, también en consulta externa.
Incluye tecnologías para:
• emergencias obstétricas;
• violencia sexual;
• interrupción voluntaria del embarazo;
• profilaxis posexposición para VIH, hepatitis B y otras ITS;
• anticoncepción de emergencia.

La resolución también exige que el talento humano responsable esté capacitado para utilizar estas tecnologías.

Adolescencia y juventud
La norma concede particular importancia a adolescentes y jóvenes. Las IPS deben implementar procesos de mejoramiento continuo de la atención dirigida a esta población y procurar que los servicios sean amigables, confidenciales, accesibles, integrales y oportunos.
Educación integral para la sexualidad
La resolución amplía considerablemente la responsabilidad del sector educativo. Se establece que los contenidos relacionados con sexualidad y derechos sexuales y reproductivos deben incorporarse progresivamente y de manera transversal en: Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas. Se exige además formación docente, participación de estudiantes y familias y construcción de entornos educativos seguros y libres de discriminación. En universidades y programas de formación en salud se promueve la incorporación de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias de género y atención con enfoque diferencial.
Plan de acción y enfoque territorial
El documento incorpora un Plan de Acción que funciona como hoja de ruta para convertir principios y objetivos en actividades concretas. Contiene los cinco ejes y 37 líneas de acción. Una característica relevante es que reconoce expresamente las diferencias territoriales. El plan debe considerar brechas en infraestructura, capacidades institucionales y acceso, particularmente en zonas rurales, territorios PDET y regiones históricamente rezagadas.
Seguimiento y evaluación
La política no queda solamente como declaración programática. Incorpora mecanismos formales de seguimiento y evaluación. La evaluación debe analizar aspectos como: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Se contemplan dos grandes momentos evaluativos: una evaluación intermedia a los cinco años y una evaluación al finalizar el período 2026–2035.

En síntesis

La Resolución 1350 de 2026 puede resumirse como el paso desde una política de salud sexual y reproductiva predominantemente sectorial hacia una política nacional, intersectorial, territorial y basada explícitamente en derechos. Su lógica podría representarse así: Derechos sexuales y reproductivos
↓
Eliminar barreras y desigualdades
↓
Transformación cultural + educación + prevención de violencias + servicios de salud accesibles y de calidad
↓
Articulación Salud–Educación–Trabajo–Cultura–Territorios–Comunidad
↓
Resultados medibles durante 2026–2035 Para una IPS o institución dedicada a Ginecología, Obstetricia y Salud Reproductiva, probablemente los aspectos de mayor impacto práctico son la eliminación de barreras de acceso, formación obligatoria y continua del talento humano, fortalecimiento de anticoncepción y atención materna, atención de violencia sexual e IVE, disponibilidad de tecnologías para eventos urgentes, servicios diferenciados para adolescentes y adopción explícita de enfoques de derechos, género, discapacidad, interculturalidad e interseccionalidad.

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